Para cumplir con una recomendación de la OCDE, la entonces Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto que buscaba modernizar la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En ese mensaje, proponía la creación de una nueva institucionalidad que tutelara el cumplimiento del derecho a la protección de datos personales.
Bajo el gobierno del Presidente Piñera, se reimpulsó el debate en la Comisión de Constitución del Senado.
El Ejecutivo ingresó una indicación sustitutiva al mensaje inicial de Bachelet incorporando varias modificaciones. La más sustancial: que en vez de que se creara una nueva Agencia de Protección de Datos, fuese el Consejo Para la Transparencia (CPLT) la institución que asumiera la tarea de fiscalizar la correcta aplicación de la normativa ampliando las atribuciones actuales del CPLT.
Si bien en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta existe un amplio acuerdo respecto del alcance del proyecto, el rol que tendrá el CPLT ha generado dudas, sobre todo, entre los senadores de oposición.
El debate, en todo caso, no está cerrado y serán los senadores los que finalmente resolverán la mejor fórmula, cuando continúen la votación en particular del proyecto, tras el receso legislativo.
