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Los costos del crimen informático

A medida que la digitalización avanza en nuevos sectores, la propiedad intelectual y la privacidad son desafiadas por mayores y más sofisticadas amenazas. Delitos de este tipo se están cometiendo continuamente en el mundo, con costos millonarios. A modo de ejemplo, el daño económico generado por el virus NotPetya, que inicialmente apareció en Ucrania en 2017, pero terminó afectando a miles de empresas en todo el mundo y en sectores desde el transporte hasta el energético, se estima en US$ 10 mil millones. Este malware capturaba los servidores a través de la encriptación de su información, impidiendo a las compañías operar, lo que solo se resolvía luego del pago de rescates vía operaciones con bitcoins . Si bien se considera este el ciberataque más devastador de la historia, los grados de sofisticación y frecuencia de estas acciones van en aumento.Las estadísticas de ciberataques adolecen de importantes limitaciones (muchos eventos no se identifican ni reportan), pero se estima que en 2019 se produjeron unos 4 mil millones de estos hechos en el mundo. La situación en 2020, con millones de empresas obligadas a aumentar los puntos de conexión remotos de sus teletrabajadores y familias utilizando canales virtuales para realizar todo tipo de transacciones, solo ha empeorado. Se estima así un aumento por sobre el 200% en los ataques a bancos y de un 80% en el caso de las empresas en general. Por su parte, los valores promedio de los rescates por r ansomware (secuestro de datos) habrían aumentado en 33%.En esa línea, el informe de IBM sobre Vulneración de Datos (2020) estima que los ciberataques implican un costo promedio aproximado de US$ 3,8 millones al año por empresa afectada, en razón de los daños directos y la consecuente interrupción de actividades, siendo Estados Unidos el país que enfrenta los mayores costos por compañía. Se proyecta que para finales de este año, los ataques informáticos habrán significado costos por sobre los US$ 2 billones, multiplicándose casi 3 veces al 2021.Este escenario ha dejado entrever una paradójica carencia de sistemas de defensa aptos para garantizar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de los datos. Todo, en medio de una era tecnológica.Amenaza a la soberaníaParticularmente inquietantes son los indicios de que muchas de estas acciones son ejecutadas por Estados. El referido informe de IBM estima, de hecho, que el 13% de los atentados cibernéticos se originan en objetivos políticos. Corea del Norte es a menudo señalada como ejemplo emblemático; en 2019 se le atribuyó haber liderado al menos 35 casos de ciberataques a 17 países, con el fin de recaudar dinero para sus programas de armas de destrucción masiva. Igual de controvertidas han sido las imputaciones contra la inteligencia rusa. Entre diversas denuncias, en 2018 el Kremlin fue acusado de un intento fallido de vulneración y robo de información a la sede de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, en los Países Bajos. Las evidencias sobre intervención en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en 2016 son otro ejemplo. Y recientemente Microsoft alertó de que ataques desde China y Rusia habían tratado de vulnerar los sistemas informáticos de personas e instituciones asociadas a los dos candidatos para los comicios de noviembre.Tales hechos no solo revelan un actuar inescrupuloso de ciertos gobiernos, sino también la fragilidad y grado de exposición de las grandes economías. Países pequeños y menos preparados deben tomar nota de tan importante amenaza.La banca como objetivo criminalLas instituciones financieras constituyen un objetivo especialmente atractivo para el crimen virtual. Desde 2017, ellas se han visto expuestas a una cadena generalizada de extorsiones. En 2019, distintos bancos en Singapur y Sudáfrica experimentaron ataques a sus sistemas operativos, lo que les significó pagar rescates por al menos US$ 20.000 millones. De igual forma, a inicios de 2020, entidades financieras australianas fueron blanco de nuevas amenazas.En el ámbito local, el ataque que sufrió el Banco de Chile en 2018, con costos de cerca de 10 millones de dólares, recuerda el carácter global de esta amenaza, y a él se suma ahora el ataque a BancoEstado, tal vez el mayor al que se ha visto expuesta una institución en Chile. Aunque pocos detalles se conocen sobre sus efectos, el incidente ha confirmado la necesidad imperativa de formular un plan de seguridad nacional en esta materia.Un entorno cada vez más digitalizado y donde el anonimato dificulta la persecución demanda, en efecto, mayores inversiones en sistemas de protección y de gestión de riesgo. El papel del Estado debe ser revisado. La preparación adecuada de sus instituciones, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central, así como de las policías y del sistema de inteligencia es urgente. Alianzas público-privadas serán claves para liderar un proyecto acorde con las nuevas necesidades.

Fuente: Grupo de Diarios América – GDA/El Mercurio/Chile

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